: ¡Retiro de las ordenes de aprehensión contra todo el magisterio nacional!
: Por la educación al servicio del pueblo
: ¡Todos los trabajadores a tirar la letal reforma educativa y a defender la educación pública, gratuita y popular!
: ¡Alto a los ceses ilegales de maestros en todo el país por su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales!
: ¡La reforma educativa no pasará!
: ¡Alto a la represión física y administrativa contra el magisterio nacional!
: ¡Desde la soberanía del pueblo, declaramos: la abolición de la reforma educativa!
: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos, presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
: ¡Exigimos al gobierno de Puebla deje de perseguir a los luchadores sociales!
: Resistir, ocupar, educar, transformar, construir poder popular

Alto a la privatización en educación superior mediante la legalización del cobro de cuotas: CEND SNTE

CONTEXTO

Los grupos empresariales beneficiarios mediante las políticas neoliberales continúan intentando llegar a la privatización de la educación, mediante procesos graduales, implementando cobros y cuotas a todos los niveles de la educación. Es el caso en la educación superior, donde está tomando relieve el proceso de amparo contra el cobro de cuotas interpuesto por la estudiante María de los Ángeles Cárdenas Alvarado contra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que ha llegado para su deliberación hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que mediante una propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo siguiendo las consignas, presiones y líneas políticas empresariales rechaza los apartados sociales de la Constitución de 1917 para continuar avalando los planteamiento que asignan privilegios económicos y financieros a los empresarios para negar dicho amparo bajo los siguientes argumento mercantiles de la reforma educativa:

• Que la Constitución señala que el Estado no está obligado a impartir educación gratuita, pero sí debe proveer enseñanza de calidad. 

• Que en la Carta Magna no necesariamente se menciona que los libros de texto que utilicen los educandos deben ser proporcionados de manera gratuita, aunque sí (dice) que los libros que se utilicen o elijan deban ser de calidad.

• Que las universidades autónomas cuentan con libertad patrimonial para cobrar cuotas o colegiaturas, excluyendo a las universidades autónomas del régimen de gratuidad aplicable a la educación que imparta el Estado, el ministro matiza que eso no impide que el Estado pueda desarrollar esquemas financieros, como becas, bonos, créditos educativos o demás planes de asistencia a los estudiantes, que permitan ampliar las posibilidades de acceso gratuito a la educación superior en universidades autónomas y que al no ser parte del Estado, están en su derecho de imponer diversos cobros a sus estudiantes. 

• Para el caso de la Universidad Michoacana, Pardo niega la autonomía del estado y su Constitución exponiendo que la Constitución estatal es inconstitucional al mencionar la gratuidad de la educación media superior, porque es contraria a lo que define la Carta Magna federal.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este neoliberal proyecto que declaraba constitucional el cobro de cuotas de inscripción a los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Por cuatro votos contra uno, los ministros desecharon el plan presentado por Jorge Pardo Rebolledo, que validaba el pago de 420 pesos semestrales de cada estudiante. La mayoría consideró que no hay razón para deje de aplicarse el artículo 128 de la Constitución de Michoacán, el cual ordena la gratuidad de la Educación Superior.

El ministro instructor proponía declarar la inconstitucionalidad del artículo referido, cuyo ordenamiento es que la educación que imparta el Estado es gratuita, incluso la superior, en razón de que la Carta Magna del país no prevé, precisamente, la gratuidad de enseñanza universitaria, sólo la que se imparte en preprimaria, primaria y secundaria a pesar de que con los Consejos de Participación Social se viola la Constitución imponiendo innumerables cobros en Educación Básica.

Por la importancia que implica una determinación jurisprudencial desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la gratuidad de la educación en cualquier nivel, también reproducimos el análisis periodístico de Octavio Rodríguez Araujo titulado:

EL MINISTRO PARDO REBOLLEDO SE EQUIVOCA
El ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Pardo Rebolledo ha revivido una vieja polémica sobre la gratuidad o no de las universidades públicas y autónomas. Según nota de Jesús Aranda en estas páginas (13/1/16), el ministro afirmó que las universidades autónomas (se entiende que públicas, pues también las hay privadas) no son parte del Estado, y dijo también que la gratuidad de la educación pública no procede para el nivel superior, sino sólo para la que es obligatoria. Ya encarrilado, el ministro, egresado de la Escuela Libre de Derecho, se atrevió a afirmar que la Constitución de Michoacán, en referencia a la gratuidad de la educación universitaria, es inconstitucional, porque es contraria a lo que define la Carta Magna federal.

Se equivoca el ministro Pardo Rebolledo. El jurista Jorge Carpizo dijo claramente que las instituciones de educación superior públicas son parte del Estado pero no del gobierno. Para el constitucionalista era claro, pero no para Pardo Rebolledo, que Estado y gobierno son diferentes. Todo indica que en la Escuela Libre de Derecho no estudiaron a Gabino Fraga. En su libro Derecho administrativo distinguió entre un organismo público y otro de utilidad pública: El establecimiento público constituye una parte integrante del Estado, está realizando atribuciones de éste, mientras que el establecimiento de utilidad pública constituye una organización formada por iniciativa particular...

Así pues, el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos... De modo que el régimen de descentralización viene a caracterizarse por ese relajamiento de vínculos que existen en las relaciones de la autoridad central y del organismo descentralizado... Pero esta circunstancia no le quita al organismo descentralizado que sea una parte integrante del Estado, sino que sólo confirma que los organismos descentralizados gozan de una autonomía que no tienen los organismos centralizados, que sí están sujetos a los poderes jerárquicos. Y el autor distingue, entre los organismos descentralizados de servicio, como es el caso de la UNAM, los que tienen menor y mayor autonomía. Ejemplo de menor autonomía es el Issste (cuyo director es nombrado por el Presidente de la República) y de mayor autonomía la UNAM (cuyo rector es nombrado por la Junta de Gobierno de la propia universidad y no responde jerárquicamente a la autoridad central).

El artículo 3° de la Constitución dice claramente que la educación que imparta el Estado será gratuita y señala que la educación media superior y superior no son obligatorias como la prescolar, la primaria y la secundaria, pero si las imparte será gratuita. El Estado, que no el gobierno, imparte educación superior mediante instituciones públicas, establecimientos públicos por lo que éstos no sólo son parte del Estado sino que deben ser gratuitos. Por añadidura, la Ley Orgánica de la UNAM (6 de enero de 1945) no deja lugar a dudas al definir a la Universidad Nacional como “una corporación pública, organismo descentralizado del Estado...” (las cursivas son mías). Es decir, la UNAM como parte del Estado mexicano y no una institución privada. Y los organismos descentralizados del Estado, vale la pena recordarlo, se ocupan de cumplir cometidos estatales, y la educación es uno de éstos. Confundir, por lo tanto, obligatoriedad con gratuidad, es un despropósito y un atentado a la lógica jurídica.

El artículo 3° dice que el Estado promoverá y atenderá la educación superior, lo que significa que puede o no impartirla. Pero si la imparte, como es el caso, debe ser gratuita, razón por la cual no se modificó la fracción IV sobre la gratuidad de la educación impartida por el Estado. Por lo tanto, si el artículo 3° constitucional establece que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, se tiene que entender que se refiere a la educación que el Estado imparta, a través de la Federación, como es el caso de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (dependiente de la Secretaría de la Defensa) y del Instituto Politécnico Nacional (que es un órgano desconcentrado de la SEP), a través de los estados o de los municipios, o mediante organismos descentralizados del Estado (UNAM, UAM, UACh, etcétera).

Si la Suprema Corte de Justicia fuera objetiva e imparcial, reprobaría al ministro Pardo Rebolledo o, por lo menos, lo invitaría a rectificar conforme a derecho.