Caso de ceses ilegales en Querétaro
Los despidos son improcedentes ya que en el proceso de evaluación la autoridad ha transgredido los derechos de los maestros, en todos los procedimientos de su punitiva ley realizaron notificaciones de manera verbal, vía internet, por mensajes de texto en celular, por cajero automático, en los recibos de pago, incluso con escritos sin firma, todo esto contrariando el Artículo 16 Constitucional, ni siquiera cumplió con los tres meses de anticipación para notificar, mostrar los perfiles e indicadores a cumplir, los parámetros a utilizar, etc. El proceso de evaluación se basó en todo momento en constantes amenazas y coacciones, conocemos como fueron militarizadas las sedes con la fuerza pública (utilizando helicópteros, camiones, patrullas) para trasladar de forma amenazadora y degradante a los maestros. El examen resultó antipedagógico, estandarizado, defectuoso, una evaluación construida para afectar los derechos laborales, contraviniendo los artículos 1º y 3º Constitucionales, así como el artículo 5º punto 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.