: ¡Alto a la represión física y administrativa contra el magisterio nacional!
: ¡Alto a los ceses ilegales de maestros en todo el país por su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales!
: Resistir, ocupar, educar, transformar, construir poder popular
: Por la educación al servicio del pueblo
: ¡Exigimos al gobierno de Puebla deje de perseguir a los luchadores sociales!
: ¡La reforma educativa no pasará!
: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos, presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
: ¡Desde la soberanía del pueblo, declaramos: la abolición de la reforma educativa!
: ¡Retiro de las ordenes de aprehensión contra todo el magisterio nacional!
: ¡Todos los trabajadores a tirar la letal reforma educativa y a defender la educación pública, gratuita y popular!

Devastación en Cholula

A pesar de las resistencias sociales y populares y de las opiniones adversas al proyecto emitidas por académicos, particularmente arqueólogos, antropólogos, historiadores y arquitectos, el gobierno de Rafael Moreno Valle persiste en imponer en Cholula un desarrollo comercial que ha causado ya una grave dislocación de la vida social y religiosa de las comunidades de la zona y que causaría daños irreparables a uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del área mesoamericana, además de una injustificable afectación ecológica.

Luego de que fue divulgado el proyecto gubernamental inicialmente denominado De las siete culturas, se constituyó el Consejo Académico Ciudadano por la Integridad de Cholula, el cual determinó que la obra tendría un efecto terriblemente destructivo del patrimonio cultural y arqueológico, provocará daño ambiental y patrimonial por los puentes viales, carreteras y nuevos estacionamientos, alentaría la urbanización de suelos con cultivos y afectaría la zona de recarga de acuíferos.

A las advertencias científicas se agregó pronto la resistencia de los lugareños, a la cual las autoridades estatales y municipales han respondido con represión y criminalización. Decenas de habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula han sido detenidos y encarcelados, en tanto que el gobierno de Moreno Valle ha pedido órdenes de aprehensión contra muchos otros. Ello no es sino la punta del iceberg de una política autoritaria que ha llevado a prisión a más de dos centenares de poblanos por oponerse a las acciones gubernamentales.

Ciertamente, estas maneras autoritarias y antidemocráticas no son exclusivas del gobernador poblano sino, por desgracia, denominador común en el México actual: se ha vuelto práctica frecuente que quienes ocupan las instancias estatales y federales del poder público echen a andar planes, programas y obras sin previa consulta a las poblaciones afectadas y recurran, para llevarlas a cabo, a la fuerza pública. Es común asimismo que en la ejecución de obras y desarrollos inmobiliarios, turísticos, comerciales y viales los gobernantes antepongan el afán de lucro y la obtención de utilidades y dejen de lado el bienestar de los habitantes, la conservación de los tejidos sociales, las consideraciones ambientales y la preservación de bienes culturales e históricos invaluables, como es el caso de la zona arqueológica de Cholula y del culto a la Virgen de los Remedios, cuyo santuario está emplazado en la cima de la pirámide prehispánica.

En tal circunstancia, es necesario que el Instituto Nacional de Antropología e Historia emita un posicionamiento inequívoco ante la continuación de las obras devastadoras –las cuales cambiaron de nombre, pero no de esencia–, que instancias internacionales como la Unesco se manifiesten por la protección del sitio arqueológico de Cholula y que la sociedad poblana y mexicana, en general, cobre conciencia del daño irreparable que está a punto de cometerse.