: ¡Alto a la represión física y administrativa contra el magisterio nacional!
: ¡Desde la soberanía del pueblo, declaramos: la abolición de la reforma educativa!
: ¡La reforma educativa no pasará!
: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos, presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
: ¡Alto a los ceses ilegales de maestros en todo el país por su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales!
: ¡Todos los trabajadores a tirar la letal reforma educativa y a defender la educación pública, gratuita y popular!
: ¡Retiro de las ordenes de aprehensión contra todo el magisterio nacional!
: Resistir, ocupar, educar, transformar, construir poder popular
: ¡Exigimos al gobierno de Puebla deje de perseguir a los luchadores sociales!
: Por la educación al servicio del pueblo

20 razones de improcedencia del despido docente

Dr. Manuel Fuentes Muñiz

Las autoridades educativas amenazaron en todo el país con cesar a aquellos profesores que no participaron en los procesos de evaluación recién llevados a cabo; sin embargo, fue la propia autoridad quien violentó los derechos de los maestros en esos procesos. Estas son las 20 razones que hacen improcedentes los despidos anunciados por la forma irregular y violatoria a los derechos humanos en la que se llevaron estos procesos:
Porque:

1. Se violaron los derechos humanos de legalidad en contra de los maestros a evaluarse al notificarlos de manera verbal, vía internet, por mensajes de texto en celular, por cajero automático en los recibos de pago entregados, incluso con escritos sin firma, contrariando el Artículo 16 Constitucional.

2. Los avisos para participar en los procesos de evaluación no cumplieron con un periodo mínimo de tres meses de anticipación transgrediendo sus derechos humanos de seguridad jurídica. (Artículos 14 Constitucional, 68 de la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) y 6º de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior (LINEE-05-2015)).

3. No se informó a los maestros con tres meses de anticipación de los perfiles a cumplir en los procesos de evaluación (características, requisitos, cualidades o aptitudes a desempeñar en el puesto o función realizada) en contravención con los artículos 4º fracción XXI y 68 de la LGSPD.

4. No se comunicó a los docentes con tres meses de antelación de los indicadores a usar en los procesos de evaluación (instrumentos para fijar, por medio de unidades de medida, el grado de cumplimiento de una característica, cualidad, conocimiento, capacidad, objetivo o meta, empleado para valorar factores que se desean medir) infringiendo los artículos 4º fracción XIII y 68 de la LGSPD.

5. No se enteró a los docentes con oportunidad de los parámetros a utilizar en los procesos de evaluación con al menos 3 meses de anticipación (valores para medir avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos, metas y demás características de su ejercicio como docente) en perjuicio de los artículos 4º fracción XX y 68 de la LGSPD.

6. No se brindó a los maestros la orientación y formación técnico profesional en forma continua y previa a las evaluaciones, contraviniendo el artículo 6 punto 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por el gobierno mexicano con rango equiparado a la Constitución General.

7. La Secretaría de Educación Pública (SEP) no consensó con las autoridades estatales los parámetros e indicadores, en perjuicio de los maestros, de los diferentes niveles, modalidades y servicios educativos, en detrimento del artículo 8 fracción III de LINEE-05-2015.

8. Para la validación de los parámetros e indicadores de los procesos de evaluación no se aprobaron previamente, por comités académicos, las disciplinas y funciones de cada profesor. (Artículo 8 fracción VI de LINEE-05-2015).

9. Fue un examen estándar (idéntico para todos los docentes) sin importar las materias y contenidos académicos en las que trabajan violentando su derecho a la especialidad. (Artículo 8 fracción VI de LINEE-05-2015).

10. No se informó con tres meses de antelación de las etapas, aspectos, métodos e instrumentos que comprendería la evaluación violentando el derecho de instrucción de cada maestro (Artículo 14 c. LINEE-05-2015).

11. No se entregaron con anticipación de tres meses las guías de estudio, bibliografía y material de apoyo violentando el derecho del docente a capacitarse (Artículo 14 g. LINEE-05-2015).

12. Las autoridades locales no contaron con tiempos razonables, en perjuicio del docente, para la aplicación de los procesos de evaluación por la imposición de etapas forzosas desde el gobierno federal, contraviniendo el artículo 18 de los LINEE-05-2015.

13. No se notificó con la debida oportunidad por las autoridades estatales las sedes y fechas de la evaluación, características e instrumentos para su realización (Artículo 12 de LINEE-05-2015).

14. Hubo cambios de último momento de sedes en donde se practicaría la evaluación, creando incertidumbre e incremento de amenazas en contra de los profesores, violando el artículo 19 LINEE-05-2015.

15. No se consideró en los procesos de evaluación el contexto regional y sociocultural. (Artículo 68 LGSPD).

16. Usaron la fuerza pública (helicópteros, camiones de la policía, reclusión en hoteles) para llevarlos en forma intimidante a los lugares dónde se realizarían los exámenes de evaluación violentando el artículo 1º Constitucional.

17. Durante la realización de los exámenes con autorización de las autoridades educativas se permitió, dentro de los lugares donde se practicaba el examen de evaluación, el ingreso de personal policiaco para intimidar a los docentes en evaluación, contraviniendo el artículo 1º Constitucional.

18. La duración de los exámenes se llegó a prolongar por más de 8 horas continuas en perjuicio de la salud de los maestros y calidad de los resultados, contrariando los artículos 1º y 3º Constitucionales.

19. Contraviniendo el artículo 2º tercer párrafo de la Ley General de Educación se impidió de manera ilegal por el titular de la SEP “la participación activa” de todos los involucrados, de manera especial de los profesores, en perjuicio del proceso educativo nacional.

20. El proceso de evaluación se basó en todo momento en constantes amenazas en contra de los maestros y ataques infundados para desprestigiarlos, no para mejorar la educación nacional sino para afectar los derechos laborales docentes y fomentar la privatización, contraviniendo los artículos 1º y 3º Constitucionales, así como el artículo 5º punto 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.