: ¡Alto a la represión física y administrativa contra el magisterio nacional!
: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos, presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
: ¡Alto a los ceses ilegales de maestros en todo el país por su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales!
: Por la educación al servicio del pueblo
: Resistir, ocupar, educar, transformar, construir poder popular
: ¡Todos los trabajadores a tirar la letal reforma educativa y a defender la educación pública, gratuita y popular!
: ¡Retiro de las ordenes de aprehensión contra todo el magisterio nacional!
: ¡La reforma educativa no pasará!
: ¡Exigimos al gobierno de Puebla deje de perseguir a los luchadores sociales!
: ¡Desde la soberanía del pueblo, declaramos: la abolición de la reforma educativa!

La Constitución traicionada

La clase política y empresarial pretende mantener la imagen acerca de la vigencia de la Constitución Política promulgada el 5 de febrero de 1917. Falso. Mediante las características de la Constitución que goza de los principios de supremacía, reformabilidad e inviolabilidad, contenidos, en los artículos 133, 135 y 136. Y, a pesar de que la Constitución es rígida porque exige ciertos procedimientos para esta reformabilidad. Sin embargo, de 1917 al 15 de agosto de 2016, ha sufrido 686 reformas en su articulado principal. Denotando modificaciones en los regímenes político, económico, jurídico y social desarticulando el concepto de soberanía nacional y popular, retomadas por el ideario de la Revolución. 

Las actuales políticas de Estado que atienden al punitivo neoliberalismo, han venido desplazando, aceleradamente en años recientes, los modelos y políticas que encuentran su origen en el amplio colectivo social, privilegiando la individualidad por encima de la colectividad. Decisiones de las que se benefician las corporaciones transnacionales y padeciendo sus efectos, nuestra población carente de recursos e instrumentos para hacer frente a estas medidas de neocolonización.

De esta manera, encontramos que, la Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias gozan de positividad (entendida como aplicación) y de vigencia (eficacia vista desde los modelos económico-político imperantes al día de hoy) dejando de lado la positividad de la validez intrínseca de dichas normas, es decir, pausando o negando los principios del derecho natural en los que se sustentan los derechos humanos contenidos en la parte dogmática de nuestra Carta Magna (artículos del 1º al 29), así como el original carácter social de la misma. 

Pero, ¿dónde está el origen social y popular de la Constitución que nos permiten mantener vigentes los postulados con los que nació en 1917?

Originalmente, el constitucionalismo surgió para frenar el poder de la Monarquía, la burguesía liberal en el incipiente capitalismo requería de instrumentos que le permitieran un flujo comercial, optando por la organización política de una monarquía limitada. Sin embargo, en Francia del siglo XVIII comenzaban a materializarse las ideas de una soberanía popular, no sólo nacional, producto del más puro pensamiento revolucionario, atribuyendo la titularidad de la soberanía al pueblo (soberanía popular). Surgiendo así la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 que serviría de base para el resto de las Constituciones del mundo. 

En este orden de ideas, la soberanía se identifica como la propiedad del poder. La nación como el “conjunto de generaciones presentes, pasadas y futuras que comparten una idiosincrasia”. Y, Pueblo, como el detentador de la soberanía. 

De esta manera, el pueblo, entendido como detentador de la soberanía nacional es quien elige la forma de organización política, económica, jurídica y social, dando paso a la figura de Estado. El Estado se compone de pueblo, territorio y de poder adjetivado como soberano, siendo un cuarto elemento, el gobierno. Radicando la soberanía siempre en el pueblo, no en el gobierno, 

Estas ideas trascendieron a territorio del continente americano. Generándose, primero, las luchas de independencia de los colonizadores estados europeos; y luego, siguiendo cada país de América Latina sus propias luchas por la consolidación del reconocimiento del pueblo. 

En México, la Revolución de 1910, es producto de las condiciones de precariedad impuestas por el gobierno de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. Esta dictadura combinaba la permanencia del atraso heredado de la colonia con la modernización capitalista dependiente. Lo que trajo consigo, imposición a la fuerza de la “pacificación”, la acentuación y permanencia del esclavismo y el peonaje, el despojo de supuestos terrenos “baldíos” que correspondían a los campesinos y a las comunidades indígenas para convertirlas en “haciendas” que conformaron uno de los ejes de la economía capitalista proporcionando mano de obra barata; una tercera parte de la titularidad de la propiedad de estos latifundios era para los extranjeros, el resto, eran prebendas para la oligarquía capitalista que mantenía a Díaz en el poder. Los campesinos e indígenas, al ver arrebatadas sus tierras y no tener donde sembrar, se vieron obligados a someterse al régimen de las haciendas, como esclavos o como peones pero nunca en puestos de dirección. 

La explotación y producción en los campos de algodón, azúcar, café y henequén, se hacía para beneficio de la oligarquía en el interior y para la exportación. Impulsándose, con esto, las aportaciones del extranjero para la construcción del ferrocarril, símbolo de penetración del capitalismo y de la desigualdad social. 

Por otro lado, en la creciente industria, el descontento de quienes aportaban mano de obra barata no era menor, los ferrocarrileros, los obreros textiles y de las minas, estaban subordinados a condiciones infrahumanas, pues el régimen dictatorial de Díaz no contaba con una legislación laboral. Jornadas laborales sin especificidad de horario, un salario mísero, sin permisión de organización autónoma, sin derecho de ascenso, los extranjeros se encontraban siempre por encima de los obreros mexicanos para los ascensos y ocupaban siempre los cargos de dirección; tenían nulo derecho a la manifestación. No obstante ello, de 1876 a 1911 hicieron unas doscientas cincuenta huelgas, siendo las más representativas las de los ferrocarrileros, las de Cananea, Sonora y las de Río Blanco, Veracruz.

La exigencia principal, organización autónoma de los obreros para la defensa de sus derechos, y, mejores condiciones de trabajo como un jornal laboral máximo de ocho horas, ascenso de los obreros mexicanos a puestos de mayor jerarquía, según sus aptitudes; el ejercicio y reconocimiento de la huelga como instrumento de los obreros; un mínimo de sueldo; la mayor ocupación de los mexicanos y menor de los extranjeros, teniendo las mismas aptitudes los primeros que los segundos. Estos reclamos de la resistencia obrera impulsados principalmente por los hermanos Magón no se vieron reflejados en lo inmediato. 

El descontento social crecía mientras los burgueses sólo veían quién sucedería a Díaz en el gobierno a fin de salvaguardar sus propios intereses y no el de la sociedad en general. 

Zapata en el sur de México promoviendo la reivindicación agraria, cuyos únicos titulares son los campesinos e indígenas del país. Villa en el norte exigiendo una organización política acorde al contexto del momento; y la resistencia obrera en las ciudades, empujada por Ricardo Flores Magón, encabezaron la insurrección armada que inició en 1910, para ver reflejadas sus demandas, recogidas en reivindicaciones sociales en la Constitución de 1917. 

Dentro del ideario social de esta Constitución sirvieron como antecedentes el plan de Ayala que propugnó por la restitución de los ejidos y comunidades a sus titulares originarios, y la propiedad originaria de las tierras y aguas que corresponden a la Nación mexicana; plasmándose estas prerrogativas en el artículo 27 Constitucional. Por su parte, el Programa del Partido Liberal, empujado principalmente por el sector obrero, planteaba un proyecto económico, político y social para la nación mexicana. Proponía la lucha contra la tiranía a través de reformas constitucionales, el fortalecimiento de la instrucción pública y laica, la limitación al poder del clero católico, la creación de leyes de protección al trabajador y regulación a la relación capital – trabajo para la obtención de mejores condiciones laborales, resolución al problema de la tierra, entre otros. Que se vieron reflejados en el artículo 3º constitucional, por lo que ve a la educación pública, gratuita, laica, científica y democrática; y, en el artículo 123 quedaron establecidas las condiciones laborales de protección a los trabajadores y a la regulación a la relación capital - trabajo en beneficio de los propios trabajadores.

Estas prerrogativas y reivindicaciones de la nación mexicana, junto con las limitaciones al gobierno, constituyen el apartado social de la Constitución Política de 1917. Porque los beneficios son para una colectividad, para la Nación, no para un grupo capitalista reducido que actúa en función de intereses particulares. 

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, en términos de lo prescrito por el 39 de la Constitución, principio que manifiesta un origen eminentemente social. Nacional porque toma en cuenta a las generaciones pasadas, presentes y futuras que habitamos en el territorio actual, es decir, las generaciones futuras nos obligan a preservar los bienes naturales e histórico-sociales con los que hoy contamos. Y pueblo, en cuanto detentadores de la soberanía nacional y como habitantes en un espacio y un tiempo, con las características señaladas en los artículos 30, 34 y 35 de la propia Constitución. 

Las políticas neoliberales han tergiversado el concepto de soberanía, arrogándola únicamente al Estado con la intención de servir a determinados interese que no beneficial al grueso de la sociedad. Formándose, de facto, una soberanía estatal, adelgazando al mismo Estado en lo concerniente a la regulación económica y en la protección, respeto y garantía al carácter social de la Constitución. Este modelo, carente de legitimidad política y jurídica, que se sirve únicamente de legislación secundaria para sostenerse, no tiene reconocimiento pleno en la nación mexicana.

Reivindicar la soberanía nacional hacia el pueblo y rescatar el carácter social con el que nació la Constitución de 1917 es una tarea urgente, la neoliberalización de nuestra carta magna es un retroceso histórico, ahora es un documento cuyo objetivo es proteger los privilegios del régimen político y de las grandes trasnacionales, las extensas movilizaciones que ha realizado nuestro Pueblo contra las reformas estructurales es precisamente contra la Constitución neoliberal, abrogarlas es un paso para la recuperación del carácter social con el que nació la Constitución Política de 1917, sostener la lucha popular hacia el desmantelamiento del sistema neoliberal y encaminarnos hacia nuestros horizontes de transformación de nuestra Patria.

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