: Resistir, ocupar, educar, transformar, construir poder popular
: Por la educación al servicio del pueblo
: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos, presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
: ¡Exigimos al gobierno de Puebla deje de perseguir a los luchadores sociales!
: ¡La reforma educativa no pasará!
: ¡Todos los trabajadores a tirar la letal reforma educativa y a defender la educación pública, gratuita y popular!
: ¡Desde la soberanía del pueblo, declaramos: la abolición de la reforma educativa!
: ¡Alto a los ceses ilegales de maestros en todo el país por su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos laborales!
: ¡Alto a la represión física y administrativa contra el magisterio nacional!
: ¡Retiro de las ordenes de aprehensión contra todo el magisterio nacional!

Espiar como acto de gobierno

Dr. Manuel Fuentes Muñiz

Espiar es un delito, pero hacerlo como acto de gobierno es un hecho deleznable que lacera a la sociedad entera. 

Espiar de manera ilegal a defensores de derechos humanos, a periodistas, a académicos que disienten del sistema político o que tienen como propósito informar o hacer propuestas para acabar con la corrupción es un hecho cobarde y criminal. Solo puede ser un acto del peor régimen político.

Al gobierno mexicano o a sus operadores espías los agarraron con los dedos en la puerta y nunca pensaron que alguien se daría cuenta de sus fechorías; fue un periódico estadounidense The New York Times quién desnudó este tipo de actos reprobables mediante una cuidadosa investigación trabajada por especialistas en materia cibernética.

Quienes se pensaron como verdaderos ejecutores astutos, su ineficacia, su ambición de entrometerse en la vida personal de prominentes personajes de la sociedad civil los evidenció como viles delincuentes.

El software Pegasus de la firma israelí NSO group que según el periódico neoyorkino fue usado para espiar a periodistas y defensores es un sistema que solo puede ser vendido a gobiernos. Pero no existe evidencia se haya respetado protocolo legal alguno. Estos equipos adquiridos por el gobierno mexicano nunca han estado bajo vigilancia de autoridad judicial alguna ni la empresa vendedora de estos equipos tiene injerencia ni control sobre el uso de éstos.

La investigación realizada por Citizen Lab, laboratorio especializado en esta materia, de la Universidad de Toronto, da cuenta que fueron al menos 76 ciberataques ejercidos en contra de sus vigilados y todo apunta que fueron hechos de manera ilegal.

Ese software permite apoderarse del sistema interno del teléfono celular para controlar toda la información, reportar llamadas, mensajes de texto, ¡hasta los encriptados!, ¡grabar audio y tomar fotografías sin que el propietario se dé cuenta! Es apropiarse de información privilegiada personal sin autorización judicial aprovechando la impunidad de quién manipula esos equipos.

La forma de meterse a los celulares "inteligentes" es a través de simples mensajes, aparentemente normales, del que la víctima al darle clic, permite abrir la puerta a este tipo de espías cibernéticos. Pueden acceder a la información, a pesar de estar sin uso el teléfono móvil. Basta que esté cerca de los vigilados para que dé cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor.

Los teléfonos llamados "inteligentes" son el mejor vehículo para acceder a este tipo de actos de espionaje. Los celulares más antiguos, más baratos, que carecen de aditamentos avanzados dificultan este tipo de actos ilícitos.

La información proporcionada por el diario neoyorkino da cuenta de los costos del uso del software: 500 mil dólares (10 millones de pesos) por la instalación del programa y 650 mil dólares (13 millones de pesos mexicanos) por el espionaje a 10 smartphones (teléfonos inteligentes).

¿Quién paga estas acciones ilegales? ¿son recursos públicos los usados? ¿de que partida presupuestal se generan?

La información proporcionada por el periódico estadounidense da cuenta de la vileza de quién montó el operativo espía, no solo en contra de periodistas y defensores de derechos humanos sino en contra del hijo de Carmen Aristegui cuando éste era menor de edad.

No les importó a los espías vulnerar los espacios de un adolescente, del hijo de la periodista Carmen Aristegui quién con sus investigaciones ha puesto contra la pared al gobierno mexicano. No le perdonan el reportaje de la Casa Blanca que desmoronó la figura presidencial; pero es imperdonable que se metan con su hijo. ¿Hasta dónde quieren llegar? Son actos inadmisibles.

El gobierno mexicano niega los hechos, pero las evidencias ponen en duda la supuesta inocencia que alega. La denuncia del espionaje descubierto ha sido presentada en la Procuraduría General de la República (PGR), y ésta tiene que dar cuenta de manera pública e inmediata de las acciones a realizar.

La PGR es una instancia desacreditada en la que ya nadie confía y que solo sirve para tapar los vandalismos gubernamentales. Las autoridades y quién investigue estos hechos deben responder varias preguntas:

¿Quién maneja ese tipo de equipos de espionaje? ¿Desde qué oficina gubernamental funcionan?

¿Quién dio la autorización para realizar actos de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos? ¿A qué personaje gubernamental se entregan este tipo de informaciones? ¿Qué fines tienen las acciones de espionaje? ¿Quiénes son los beneficiarios?

Se ha solicitado también y de manera urgente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; sin embargo, se requiere que a la par se realice una investigación independiente de estos hechos de espionaje porque es diícil, sino imposible que el gobierno se investigue a sí mismo, cuando él es el principal sospechoso y éste no puede conducir la investigación cuando tiene intereses encontrados.

Debe armarse una Comisión Especial Independiente integrada por personajes de probada honestidad de la sociedad civil, la cual cuente con el apoyo de peritos internacionales en la materia, quienes determinen quién o quiénes son los responsables de estos actos de espionaje.

Vivimos los peores tiempos de violación a los derechos humanos de informadores y defensores de periodistas con el agravante de tener un gobierno de doble discurso y de un descarado cinismo.